A docentes y alumnos
Del UPE:
El pasado 26 de enero se expidió en sesión extraordinaria el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada sobre la evacuación de vista que realizáramos de su dictamen N° 294/2010.
Cómo ya lo suponíamos los representantes del sector público de la enseñanza ratificaron el dictamen recomendando entonces que se nos retire la autorización para funcionar como Institución Universitaria.
Sin embargo, la unanimidad del dictamen anterior fue quebrada y los señores representantes de las Instituciones Privadas se abstuvieron de votar. No podemos menos que apreciar profundamente esta abstención, porque en un caso como éste, donde no se trata de una reunión de consorcio en la que se decide darle o no el permiso a una copropietaria para conservar su mascota, sino la vida de una Institución de Enseñanza, la abstención es muy significativa. A nuestro juicio significa un “no acompañamiento” a la resolución tomada y no una simple prescindencia, ya que sabemos de la responsabilidad con que los Señores Consejeros por las Instituciones Privadas, desempeñan sus cargos.
El dictamen puede ser retirado de la página web del MEC. Su lectura simplemente reitera todas las supuestas faltas en que la Institución ha incurrido en todos estos años.
Cada ítem de los ejemplos que mencionan, está constituido por los elementos que sirven a los intereses ya predeterminados por la Dirección de Educación y por los Consejeros votantes, de cerrar nuestra Institución Universitaria. Se omiten datos relevante como por ejemplo cuando hablan de Treinta y Tres, diciendo que “se archivó sin que surja del expediente quien dispuso su archivo y sin la información reiteradamente solicitada” ¿Quién dispuso su archivo? … pues obviamente el UPE no fue. Pero lo peor es que obvian decir que en ese momento, año 2002, cuando se informó la constitución del local de Treinta y Tres, el silencio de la administración por un plazo de 60 días operaba (y en el derecho aún opera) como consentimiento. Así lo trató el suscripto con la Directora de Educación de la época quien en su calidad de escribana lo entendió perfectamente. Por ello, hasta que llegó la actual Dirección de Educación, los títulos de ese local fueron inscriptos sin ningún tipo de problema.
Sobre el resto de los locales, pretenden hacernos quedar como los que negábamos información, cuando la verdad, que surge claramente de los expedientes, es otra, a un pedido de información se sucedía otro y otro, y otro, transformando el expediente en un proceso kafkiano.
Pero lo que más indigna de todo este dictamen es que el proceso de evaluación estaba culminado al momento del dictamen N° 293. Como ya hemos informado, se habían realizado los informes institucionales y de la carrera de derecho, ambos con vista evacuada por nuestra institución, y además la evaluadora nombrada para la carrera de ciencias económicas había culminado su labor. De esta evaluación nunca se nos dio vista. El consejo prefirió, antes de tratar los informes de los respectivos locales, disponer el cierre de la Institución.
Es sumamente largo y tedioso rebatir uno por uno los “argumentos” del dictamen, que no es más que una “crónica de una muerte anunciada”. A título de ejemplo, se sigue ignorando nuestra nueva presentación de solicitud para funcionar del local de Melo como si no hubiere existido, o se toman párrafos de los evaluadores de los locales, sacados totalmente de contexto. Usted puede bajar los informes completos de ambos evaluadores y cotejarlos con los párrafos que utilizan los consejeros públicos en nuestra página web.
En cuanto a las consideraciones que hacen de la vista, desde el aspecto jurídico, interpretan nuestro escrito como una negativa a cumplir con la normativa vigente, cuando lo que hemos señalado es claramente la inconstitucionalidad de determinadas normas, pero las hemos cumplido igualmente, ya que jamás hemos planteado acción legal al respecto, salvo ante hechos administrativos concretos y por vía de acción de nulidad.
En una interpretación jurídica totalmente torcida y descalificatoria, propia de personas que buscan imponer por vía coercitiva lo que el ordenamiento legal les obliga a realizar en a través de acuerdos. La malevolencia de la interpretación se ve en frases tales como “las afirmaciones de la vista sobre cuestiones concretas son de un nivel de inconsistencia e incongruencia tal, que no merecerían ser tenidas en cuenta” , “se funciona como en una institución liceal con profesores y estudiantes visitantes”, etc. Pero el desprecio por nuestra Institución llega a tal punto que usan los elementos que ofrecimos como marco final de un convenio, en nuestra contra, como una especie de admisión tácita de faltas, caso claro, el funcionamiento de los órganos de consulta.
En definitiva, nada les sirve de lo propuesto a los Sres. Consejeros designados por las autoridades de la enseñanza pública, salvo la muerte de la Institución.
Al mejor estilo inquisitorial, mantienen su dictamen despreciando nuestras alegaciones, como lo han hecho siempre durante los últimos cinco años. Cómo ustedes saben, esta resolución ahora está en manos de la Sra. Ministra Ing. Quim. María Simón y del Sr. Presidente de la República, Dr. Tabaré Vazquez.
Nuestra Institución está realizando las gestiones oficiales y oficiosas para que los funcionarios nombrados atiendan razones de derecho pero fundamentalmente de justicia, a fin de que en forma fundada no atiendan un dictamen que solamente cuenta con el voto de los consejeros de la enseñanza pública y donde el presidente del mismo ha sido recusado por la Institución por sus notorios prejuicios en contra de la misma y ni siquiera ha tenido la sensibilidad para excusarse, sino que por el contrario, ha sido quien a través de mails y conversaciones con los miembros del Consejo, ha conformado esta mayoría infamante.
Tenemos confianza en que las autoridades atenderán nuestros reclamos.
Dr. Adolfo C. Gutiérrez Sosa
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